La Administración va
a reforzar la seguridad de los funcionarios que ocupan puestos de
atención al público puesto que han ido en aumento a lo largo de la
crisis las agresiones sufridas.
Un
protocolo de actuación elaborado por el Ministerio de Hacienda
establece las medidas que se van a tomar al respecto, entre ellas, se
van a instalar mamparas de protección, mostradores más anchos, timbres
de alarma, sistemas de detección o más cámaras, entre otras.
El
protocolo recoge las conclusiones de una experiencia piloto llevada a
cabo en las OFICINAS DE EMPLEO, donde ya conocemos las agresiones que
vienen ocurriendo, y el objetivo es extenderlo al conjunto de las
Administraciones Públicas.
Hacienda
recuerda en el borrador del protocolo que a lo largo de 2013 “se ha
producido un incremento en el número de incidentes registrados
especialmente concentrados en el área de EMPLEO”. El Gobierno también
pondrá en marcha un registro de agresiones, ya que sospechan que el
número real de incidentes es muy superior a las denuncias realizadas, en
algunos casos porque no se sienten respaldados ni social ni
jurídicamente.
El sindicato CSI-F, ha trabajado junto a la Administración para elaborar este protocolo.
Las
agresiones más frecuentes que sufren los funcionarios son los abusos
verbales y las amenazas. Junto a estas, también padecen agresiones
físicas, como golpes o empujones. El documento recuerda, en este
sentido, que los “delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y
funcionarios, reciben el nombre de atentados, resistencia y
desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal”.
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