El Tribunal Constitucional de Portugal consideró ilegal la ley que facilita
la salida de funcionarios por violar la garantía del empleo y el principio de
confianza y fuerza así al Gobierno a buscar otra alternativa de ahorro para
reducir el peso de los funcionarios, como pide la troika.
La norma había sido aprobada por el Parlamento a finales de julio. Este es el segundo revés del Constitucional portugués este año ya que en abril había considerado ilegales algunas medidas, entre las que se encontraban bajada de sueldo a los funcionarios y a los pensionistas.